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Caco

por Botillero.

Uno de los derechos que la ley otorga al imputado —ahora investigado porque es menos estigma para su honra— es el derecho a guardar silencio y no declarar contra sí mismo, puesto que todo lo que diga podrá, y será, utilizado en su contra. Es algo sagrado para ese investigado, y especialmente si está detenido, de ahí que el letrado que le asiste en su defensa nunca le haga preguntas cuando llega su turno en el momento de la puesta a disposición judicial, por aquello de que una pregunta con buen intención, y sobre todo si el patrocinado es corto de entendederas, puede provocar una respuesta que sea el hundimiento definitivo del asunto cuando éste no ha hecho más que empezar.

Aquellos dos tipos que andaban enganchados a la cocaína componían una extraña pareja que aunaba falta de inteligencia, torpeza y nulo sentido del ridículo a partes iguales: el grande, porque medía casi dos metros, era un cabeza rapada de los ultras del Español que solo había trabajado como portero de discoteca en temporada de verano, y el pequeño, que abultaba como un niño de siete u ocho años, era un reponedor de supermercado al que su cleptomanía había llevado a un desempleo permanente. Eran compañeros de colegio y vecinos de ese extrarradio barcelonés junto al río Besós que tanta literatura ha generado, si bien por su edad y la posición de sus padres no estaban condenados a la marginalidad ni a la delincuencia, pero su destino era complicarse la vida desde que en su adolescencia descubrieron que había más glamour y diversión en un salón recreativo que en un libro de texto.

Como la droga, aunque sea de mala calidad, siempre es cara, y los padres ya no estaban para más extravagancias de los hijos pródigos, la pareja decidió adentrase por el camino de la delincuencia con pequeños palos que les daban lo justo para satisfacer esa dependencia, y con escaso riesgo por la vulnerabilidad de sus víctimas. La mala leche y el verbo florido del pequeño se aliaban con la estatura y fortaleza del gigante para sacar el poco metálico que llevaban los chavales que salían de los colegios en busca de los billares que todavía quedaban en pie. Sus víctimas los conocían, lo sabían todo de ellos, en muchos casos porque sus hermanos mayores fueron amigos de la pareja en un pasado no muy lejano, pero no denunciaban por miedo, pero sobre todo por una razón práctica: atracados una vez, la fechoría no se repetía.

Un día, aburridos de método habitual y conscientes de que tampoco era conveniente abusar más de lo razonable, decidieron otro tipo de robo intimidatorio, el asalto al repartidor de pizzas. Ya con el teléfono móvil lo suficientemente extendido y sin que una tarjeta prepago ofreciese ninguna información a la policía, pedían una pizza a domicilio y mientras el bajo esperaba al repartidor en la calle, junto al portal, el alto se agazapaba en el zaguán. Una vez dentro el chaval de la pizza, procedían a robarle el dinero que llevase, que siempre era poco, y la pizza, que la droga daba hambre. Como lo hacían a cara descubierta y los perjudicados —las empresas, no sus trabajadores— no estaban por tonterías, estaba cantado que serían detenidos a no mucho tardar, como así fue.

El cuarto atraco de esta naturaleza, y puesto que ambos estaban fichados, provocó su detención tras el oportuno reconocimiento fotográfico en comisaría por uno de los repartidores. Ante el juez de guardia, y con un síndrome de abstinencia considerable, reconocieron los hechos sin ningún miramiento, especialmente cuando el propio juez les animó a hacerlo con la promesa de dejarlos en libertad provisional. El bajo, siempre más dicharachero y cínico que su compañero, quiso poner la guinda a su declaración cuando el juez le preguntó si deseaba añadir algo más:

—Sí, señoría, una cosa nada más: que la pizza que robamos ese día debía llevar doble de pepperoni y no llevaba nada. Pero nada, oiga. Un timo.

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